Hace una semana, una de las esquinas más concurridas de la noche rafaelina fue el escenario de un brutal ataque a balazos, en pleno transcurso de la madrugada. Este hecho, movilizó completamente a todos los ciudadanos de la ciudad debido al nivel de violencia e impunidad con el que se llevó adelante; poniendo de manifiesto una vez más, un estado de inseguridad constante que parece no tener ningún límite. Desde CASTELLANOS, tratamos de echar luz sobre esta problemática que afecta directamente a la cotidianeidad de las familias rafaelinas; y que no tiene respuestas por parte del ejecutivo municipal.
La balacera que se desplegó el pasado fin de semana en Barrio 9 de Julio, es la gota que rebalsa la olla de un problema absolutamente fuera de control dentro de la ciudad. El aparente ajuste de cuentas que terminó con nueve balazos y dos heridos de gravedad no sólo es un espanto por el resultado de lo acontecido, sino que también, por la impunidad con la que fue llevado adelante. No entra en el razonamiento de nadie que, en plena zona de entretenimiento nocturno, un delincuente sienta la libertad de bajar de un vehículo, empuñar un arma y disparar nueve veces en medio de la calle; con comercios abiertos, gente de a pie caminando por las veredas y grupos de amigos reunidos en las esquinas.
En su obra, «Violencia Urbana: Debate conceptual y desafíos a la gestión local», la socióloga Lucía Dammert plantea que uno de los principales errores de los gobiernos locales que no logran atacar eficazmente el problema de la inseguridad en las calles, reside en que la mayor parte de las medidas implementadas responden a problemas inmediatos y no son capaces de elaborar estrategias a largo plazo; que alienten la promoción de capacidades propias. En este sentido, Dammert enfatiza en que estos gobiernos, muestran una carencia de tradición en el tratamiento de esta problemáticas; lo cual resulta clave al momento de llevar adelante acciones capaces de contrarrestar la violencia.
De todo ello, se desprende la centralidad que tienen los gobiernos locales y su capacidad de gestión para dar respuesta a los episodios de inseguridad que afectan a la ciudadanía. En su texto «Los gobiernos locales: nuevos actores en la gestión de la (in)seguridad», Mariana Da Silva Lorenz analiza el rol clave de los gobiernos locales en esta materia; argumentando que la centralidad que adquiere el Gobierno Municipal en la elección de los miembros de la fuerza de seguridad ciudadana y el diseño de su formación y puesta en funciones, da cuenta de la configuración de un nuevo escenario que exige a los ejecutivos municipales, dar repuestas concretas a este tipo de problemas. Ya no hay lugar para mirar a un costado y ceder la preocupación a los gobiernos provinciales o nacionales; sino que, por el contrario, el Gobierno Local debe estar a la altura de los sucesos y poder demostrar acciones políticas específicas para la ciudad que gobiernan.
En relación a todo ello, nos preguntamos ¿Cuál es el límite que se debe cruzar para que el ejecutivo municipal despliegue acciones concretas en relación a la violencia en las calles? ¿Cuáles son esas acciones y cómo piensan llevarse adelante? ¿Existe un plan de prevención y acción eficiente sobre el delito, o sólo se seguirá actuando sobre los hechos ya ocurridos?
Tiros, corridas y desconcierto
Siguiendo la trama de los interrogantes planteados, podemos acercarnos a una reflexión mas amplia del problema a través de los planteos de Jean Paul Brodeur en «La sociología de la prevención». En este trabajo, Brodeur argumenta que la prevención del delito no puede ser entendida únicamente como una función de los sistemas policiales o judiciales. Según el autor, la efectividad de esta prevención depende de un entramado más amplio de políticas sociales que aborden las causas estructurales de la criminalidad; a través del diseño de políticas publicas locales que ataquen directamente la problemática desde sus estados emergentes. En este marco, el urbanismo desempeña un rol crucial, ya que los espacios urbanos deben ser concebidos no sólo para su uso funcional sino también, para favorecer la convivencia comunitaria y por sobre todas las cosas, facilitar el control social de la calle. Así mismo, los sistemas educativos también constituyen herramientas esenciales de prevención primaria del delito; debido a que ofrecen habilidades, oportunidades y redes de integración que pueden reducir la probabilidad de involucramiento en actividades delictivas.
Por todo ello, siguiendo los razonamientos de Brodeur, una política de prevención verdaderamente efectiva debería articular estos tres ámbitos (social, espacial y educativo), de manera coordinada y sostenida en el tiempo. Llegar siempre tarde a los hechos y a su vez, no poder mostrar un plan de prevención integral sobre el delito, sólo da cuenta de la distancia en la que se encuentra el Municipio de las acciones coordinadas que sugiere Brodeur. La urgencia se hace más nítida cuando el delito comienza a tomar la calle, sin reparo alguno de la cotidianeidad de los vecinos y vecinas de la ciudad.
