Desde hace varios meses atrás, CASTELLANOS viene siguiendo el desarrollo del Proyecto de traslado de la Alcaidía hacia el norte de la ciudad, reflejando las distintas voces que se ven afectadas por esta decisión. En esta oportunidad, conversamos con Martín Rodríguez, vecino del barrio 42; quién nos acerca su mirada sobre el impacto de este Proyecto en la inseguridad de los barrios, la desvalorización de los terrenos y también, el futuro de la ciudad.
Como venimos informando desde hace varios meses, la confirmación del Proyecto de construcción de la nueva Alcaidía en el norte de la ciudad, encendió la alarma de los vecinos de la zona. En este caso, lo que para el Municipio representa un avance en materia de infraestructura y descentralización de un problema de larga data, para los vecinos implica una transformación drástica del entorno que habitan desde hace años. En medio del desconcierto y la sensación de haber sidos sistemáticamente excluídos del debate, comienzan a alzarse las voces que exigen ser escuchadas por el Ejecutivo Municipal. En artículos anteriores, hemos compartido la voz del referente barrial de barrio Mora, Maximiliano Orellana; quién se manifestó muy duramente frente a la falta de escucha por parte de los funcionarios más cercanos al Intendente. Actualmente, a estos planteos se suma la mirada de Martín Rodríguez, actual vecino del barrio 42; quien nos acerca la perspectiva de su cotidianeidad y su mirada crítica sobre el proceso y la necesidad urgente de diálogo.
La importancia de la consulta ciudadana
La construcción de obras públicas de este tipo, sin una instancia previa de consulta ciudadana, pone de manifiesto un patrón que ha sido ampliamente analizado por la sociología urbana: la toma de decisiones verticalistas por parte del Estado Municipal, en detrimento de los vínculos comunitarios y del derecho a la ciudad. Cuando Henry Lefebvre en «El derecho a la ciudad» (1968), plantea que los habitantes de la ciudad deben ser protagonistas en la producción y transformación del espacio urbano que habitan, se refiere justamente a la importancia de contar con un planeamiento participativo de la ciudad. En este sentido, Martín Rodríguez sostuvo: «En lo personal, tuve conocimiento del Proyecto de la Alcaidía cuando efectivamente, ya se había aprobado. A partir de confirmada esta noticia, me pareció un decisión muy apresurada y para nada correcta. En ningún momento fuimos consultados sobre una determinación que va a traer un impacto muy negativo para la ciudad y sobre todo, para los vecinos de la zona. En esa dirección, siento que en ningún momento hubo espacios de participación y consulta vecinal; y a mi entender, fue una decisión apresurada donde no hubo interés en tomar conocimiento de lo que opinaba cada vecino».
En este caso, la ausencia de una consulta abierta a los vecinos no sólo revela un déficit democrático sino que también, genera un proceso de desanclaje identitario cuando los habitantes del barrio, comienzan a sentir que el lugar que conocen ya no les pertenece del mismo modo. Como señala muy bien Zygmund Bauman en «Modernidad líquida» (2000), en un mundo cada vez más líquido, los vínculos con el territorio se vuelven frágiles cuando las decisiones que afectan ese entorno son impuestas sin mediación.
En este sentido, el Proyecto de traslado de la Alcaidía introduce una lógica de institucionalización que modifica el tejido social. Lo que antes eran barrios predominantemente habitados por vecinos de la zona, ahora se ve interpelado por estructuras burocráticas y flujos de personas de otras regiones que se asientan en los alrededores. En relación a ello, Rodríguez sostuvo «desde mi perspectiva, este proceso me afecta de forma negativa porque entiendo que va a sumar más inseguridad de la que actualmente tenemos en el barrio. En esa clave, vamos a tener la instalación de asentamientos de gente de afuera, que se va a incorporar a los asentamientos que ya se encuentran formados. Honestamente, esta no es la calidad de vida que quiero para mis hijos».
Cuando la forma desdibuja el fondo
Por último, en lo que refiere a la necesidad e impacto de esta obra en la zona, Rodríguez expresó: «En lo que respecta al trasfondo de este proyecto, si bien entiendo que la obra es necesaria porque existe una urgencia real por trasladar la actual Alcaidía; creo que el barrio está pagando un costo que no eligió. Sobre todo, las 315 familias que están costeando un valor alto de su terreno y hoy se encuentran con la noticia de que le van a construir una cárcel. El impacto es negativo no sólo por el crecimiento de inseguridad, sino también porque impacta directamente en el valor de los terrenos de los vecinos. Barrio Mora, Zaspe, Virgen del Rosario y los terrenos pertenecientes a Atlético Rafaela, van a sufrir el impacto negativo de la materialización de este Proyecto; el cual entiendo que podría haberse realizado en otro lugar, sin el elevado costo social que va a tener. En resumen, entiendo que la urgencia por responder a la demanda de este nuevo espacio, hizo que el Municipio tomara una mala decisión para toda la ciudad».
Una necesidad que interpretó la Provincia, un claro error que cometió el Ejecutivo local
Siguiendo estas expresiones, queda en evidencia la falta de criterio del Ejecutivo Municipal al momento de tomar la decisión de emplazar este proyecto en una zona densamente habitada por vecinos de la ciudad. En lugar de atender a las demandas históricas de la zona (mejorar la seguridad, el mantenimiento de los espacios verdes, entre otros), el Municipio optó por una medida que, lejos de responder al interés común, parece tomada a espaldas de la comunidad.
Como sabemos, la decisión de trasladar la Alcaidía se trata de una demanda postergada durante años y que actualmente, encontró respuesta gracias al significativo aporte del Gobierno Provincial y la minuciosa mirada del gobernador Maximiliano Pullaro. Este aporte, no sólo se vio reflejado en la asignación de recursos económicos sino también, en la voluntad política para concretarlo. En tiempos donde no abundan los recursos públicos, el Gobierno Provincial decidió apoyar a la ciudad para dar solución al abarrotamiento de detenidos que actualmente existe en las celdas de la Jefatura de Policía. En medio de este respaldo, el Municipio parece haber logrado lo impensado: convertir una oportunidad histórica en una fuente de malestar para muchos vecinos.
