Nunca nos parecimos a las provincias feudales. Si algo ha distinguido a los periodistas santafesinos a lo largo de los últimos cuarenta años, ha sido la rebeldía y la vocación informativa. Las voces nunca se callaron, aún en medio de poderes absolutos que incluían al político, al judicial y especialmente al fáctico, que nunca desaparece, aunque cambie de aspectos y generaciones. Si algo ha distinguido a los santafesinos, fue la capacidad contagiosa de contar el otro lado de la historia que cuentan los partes oficiales y las notas redactadas a pedido por el bonete de turno.
Allí las memorias de los y las periodistas que desnudaron al juez Hermes Brusa en pleno uso de todas sus facultades de poder. Allí los relatos de las irregularidades de los vicegobernadores, intendentes de Santa Fe y Rafaela, destituidos por corrupción. Allí las reseñas de las denuncias contra los abusos sexuales durante el asfixiante dominio de Edgardo Gabriel Storni en la capital provincial. Allí las crónicas del cómo pudo pasar de las inundaciones santafesinas. Allí los micrófonos dispuestos a multiplicar las voces de las victimas, las páginas describiendo los abusos del poder, la trama familiar de la política, los negocios y la justicia.
El periodismo santafesino, especialmente el rosarino, carga con una historia de palabras. Y aunque los dueños de los medios lo evitaran, siempre se liberó el espacio para que las cosas se dijeran. Para que los silencios impuestos cesaran. No importaba si se enojaban. Se informaba, después se esperaban las explicaciones que llegaban o derivaban en renuncias o destituciones. Después, como fuimos testigos y protagonistas muchos de nosotros, venían las reprimendas de los dueños. Pero nunca se dejaba de informar, nunca.
Durante los mandatos del socialismo, nadie dejó de publicar las acusaciones que se formulaban contra los funcionarios. Ni se maquilló nada. A Bonfatti lo balearon siendo gobernador, al hermano de Hermes Binner lo acusaron de haber robado dos bebés, a Maximiliano Pullaro le publicaron audios privados, extraídos de teléfonos cuyas escuchas no tenían autorización judicial. Tooos publicaban, todos leíamos las acusaciones, aunque falsas. Y todos escuchábamos las explicaciones de los implicados. Y todos, con las distintas miradas sobre los temas, hablábamos. Lo que no pasaba nunca es que no se hablara.
Hoy la provincia está acefala de políticas de seguridad. La policia está desarticulada y fuera de control No existe poder político que la ordene ni la ponga al servicio de la prevención y la represión de los delitos.
El ministro está encerrado literalmente en su oficina de Rosario. No habla, no dispone, no ejecuta.
La jefa de logística del Ministerio es una mujer que no ejecuta el presupuesto, que destrata a los empleados, que ahorra por orden directa del gobernador y no responde a ningún ministro. No sólo subejecuta, sino que miente de manera descarada – tal como lo hizo en la legislatura- y mantiene a las fuerzas sin armas, chalecos, automóviles o sistemas de control de salud mental
En el último año, se suicidaron 12 policías en Santa Fe, 8 de ellos con sus armas reglamentarias. Y las tenian porque fueron obligados a retomar las tareas de las que habían sido relevados por problemas psíquicos. Nadie reclamó por esos retornos a la actividad. Nadie se hizo eco de la dramática experiencia de tener armas en manos de personas afectadas por depresión o trastornos de ansiedad.
En Santa Fe, Rafaela y Rosario, existen chacaritas de centenares de autos policiales abandonados. Se los ve a la luz del día en el Parque Garay de Santa Fe, en los galpones de la policia en Rosario. Mientras eso ocurre, la policia no tiene vehículos para cubrir las guardias y los patrullajes mínimos en las principales ciudades.
El servicio penitenciario está fuera de control. El director es un tal Walter Galvez, un inmoral que debió ser echado en ocasión de haberle festejado el cumpleaños de 15 a su hija en plena pandemia, y que ostenta el record de fugas de todas las prisiones de la provincia. Galvez es el responsable de que en tres años no se hayan renovado los sistemas de inhibidores telefónicos. Y es desde las cárceles, donde se organizan y se ordenan las ejecuciones diarias de personas en los barrios rosarinos. Nadie lo cuestiona, nadie le plantea a Galvez las razones de su inacción.
Desde la asunción de Marcelo Saín, principal responsable del deterioro de la seguridad pública en 2020, todo ha empeorado en el terreno de la violencia, el crimen, los delitos organizados.
Mientras se dedicaban a espiar y armar causas judiciales con métodos ilegales, desde el Estado, todos los resortes que habían posibilitado una innegable baja de los niveles criminales en la provincia, fueron desarticulados.
No hubo ni hay plan político de Seguridad. No hay relación entre la policia y el poder político.
Las bandas criminales se reorganizaron y recuperaron el dominio de las calles, un asunto que venía en franco retroceso. Eso lo dicen las estadísticas, y los resonantes operativos que permitieron desbaratar y encarcelar por delitos comunes, con la policia y la justicia provincial, a la mayoría de los jefes de las bandas narcos que operaban y operan en Rosario.
Las calles están liberadas. Los sicarios balean a los medios. Los sicarios amenazan a comerciantes, empresarios y también a los miembros del MPA que los persiguen, sin que nadie intervenga.
Cuando alguien, con una generalidad que asombra, le pregunta al gobernador o a algún ministro, ellos responden con otras generalidades, con frases inconexas, con explicaciones que derivan en la responsabilidad de los otros. Siempre son los otros, o los antecesores, o los otros niveles del estado, o las cuestiones económicas, en fin. Nadie explica nada. Todos siguen en sus cargos, como si nada ocurriera, como si nadie muriera cada día.
La pauta oficial oculta, atemoriza, condiciona y anestesia las voces.
La gestión provincial ha empeorado la situación de seguridad, pero además pulverizó todos los programas de inclusión social que existían al momento de su asunción. Ni Abre, ni Nueva Oportunidad, Ni Vuelvo a Estudiar, ni EMPA a distancia, ni nada que implique contener a los sectores etarios que terminan conformando los ejércitos narcos en los cordones de Rosario y Santa Fe.
La corrupción es abierta: cayó una licitación por intento de compras de armas que nos perjudicaba en más de 24 millones de dólares. Saín está imputado por eso, nadie se preocupó por saber que se hizo luego de ese fracaso.
Los hechos son tan graves, tan acuciantes para la vida y la libertad de la mayoría de nosotros, que no se entiende semejante nivel de mesura y protección mediática.
El abandono que se hizo de la seguridad pública, tampoco.
La incapacidad, la impericia, los acuerdos para simularlos, menos.
Uno puede cuestionar ideológicamente a los gobiernos que lo antecedieron, puede tener diferencias con las políticas y las acciones que implementaron Reutemann, Obeid, Binner, Bonfatti o Lifschitz. Lo que nunca pasó, nunca, es que no se hablara. Que se dejaran pasar los crímenes, como si se estuviera contando ganado muerto, con destino a frigoríficos.
Cuando el tiempo pase, cuando este gobierno se vaya, nadie querrá asumir nada y repetirán, como en los tiempos del retorno a la democracia “yo lo sabía, pero nadie quería hacer caso”. Los “nadies” en Rosario y Santa Fe se cuentan por miles y kilos de desvergüenza. Pero contaremos muertos como quien cuenta los días.
No se puede seguir esperando que las cosas no pasen. Hay que exigir políticas desde los medios de comunicación. Hay que señalar a los responsables. Hay que pedir explicaciones. Hay que postergar nuestras necesidades personales, nuestras ambiciones económicas, nuestros temores y nuestros prejuicioes y entender, que no somos neutros en esta historia. Que no se trata sólo de contar lo que pasa, sino de explicar por qué pasa.
Basta ya de «lo complicado de todo esto», porque es complicado, si, pero si encima permitimos que nadie haga nada, que el Estado desaparezca y que los funcionarios nunca den explicaciones y que terminen premiados en nuevos cargos, como el del exministro Lagna, en el ENRESS cobrando un millón de pesos mensual, todo irá peor.
Nosotros, por la profesión que elegimos, no podemos hacer de cuenta que no se puede hacer nada.
Nosotros también somos responsables de lo que pasa o lo que no pasa en Santa Fe.
