Por Coni Cherep
Cuando Nicasio Oroño pensó que Santa Fe necesitaba, entre otras cosas, un régimen que previera el destino de los trabajadores que entonces se retiraban, Argentina todavía no se lo había planteado. Corria el año 1867 y el increible Nicasio, creó por primera vez en Sudamérica una protección legal para la vejez. Entonces, la esperanza de vida promedio de los flamantes argentinos, no superaba los 54 años.
Allí nace la historia de las jubilaciones argentinas. Santa Fe, que también había creado una fugaz ley de matrimonio civil, marcó el camino que después, cada uno en su medida, fueron consolidando desde Roca hasta Perón. Pero fue el segundo «General» el que consagró casi todos los derechos que hoy funcionan en el sistema previsional nacional y por ende, el de la provincia de Santa Fe.
Aquel país, contemplaba que por cada jubilado habría siempre, y por lo menos, cuatro trabajadores que le aportaran los recursos. Aquel jubilado, nunca viviría más del 50% del tiempo que había trabajado. Y aún así, el Estado, nació subsidiando el pago de las jubilaciones. Normal. Es un asunto de justicia social, que al menos para mi, sigue siendo un valor vigente.
El mundo cambió. No sólo para mal, como peferimos contar. También nos ofreció una larga expectativa de vida, que si se acompaña con calidad, extiende hoy a 80 años en las mujeres y a 76 en los hombres. Y eso si no hablamos del futuro, que es precisamente de lo que tenemos que hablar, porque las proyecciones dicen que en 2050, las mujeres vivirán un promedio de 90 y los hombres, de 87.
Entonces, seguir pensando que el sistema jubilatorio puede seguir siendo el mismo, es negar directamente un hecho fáctico que no tiene que ver con la injusticia del sistema, sino con la propia naturaleza humana.
Pero además, al sistema jubilatorio, le fuimos agregando regimenes especiales que fueron generando un sistema de jubilaciones anticipadas, como la de los docentes y los policias, las pensiones familiares y los sistemas de «blanqueo» de personas que no alcanzaban las condiciones para jubilarse y que fueron incorporados al sistema. Más las jubilaciones de privilegio, o de beneficios excepcionales. Un asunto de poquitos, pero que se llevan mucho.
Este asunto se agrava cuando hablamos de las cajas de las provincias, que como Santa Fe, decidieron no transferirlas al ámbito estatal en los años 90: Desde entonces, la situación llegó a un punto de desequilibrio que derivó en un histórico reclamo de Hermes Binner ante la Corte Suprema, que una vez convertido en sentencia, nunca fue cumplido. Ni por Cristina, ni por Macri, ni por Alberto Fernandez, y hoy directamente desconocido por Javier Milei.
En Santa Fe los desequilibrios ya no admiten excusas para, por lo menos, discutir una reforma profunda que evite un crack no en los próximos años, sino en los próximos meses:
Santa Fe tiene hoy, julio de 2024, casi 103.000 beneficiarios. Y aportantes, trabajadores en actividad y en blanco, son algo menos de 208.000 si sumamos empleados provinciales, municipales, comunales y de empresas y organismos que dependen de esos estados.
Esto da un resultado imposible: Por cada jubilado, hay dos trabajadores. Si comprendemos que los aportes de ese trabajador, es un 16,5% de su salario, entre dos trabajadores estariamos alcanzando sólo un tercio de una jubilación. Si agregamos que los fondos nacionales no llegan, las cuentas son directamente imposibles de cumplir. Salvo que sigamos haciendo lo que se viene haciendo desde hace décadas: Que el Estado santafesino, pague la diferencia. Y ahí agravamos un problema para todos los santafesinos, no sólo para los 310.000 interesados, que extendido a sus familiares, pueden llegar a ser 500 mil.
Mensualmente, todos los santafesinos- que somos más de 3.500.000.- sostenemos las jubilaciones de esa sexta parte de los coterraneos, con un actualizado monto de 40 mil millones. Eso, acumulado, ya suma 170 mil millones en 2024 solamente. Una cantidad, que sumada a la deuda atrasada de nación, podría resolver sino la totalidad, casi, de los problemas de nuestras rutas y puentes, abastecimiento de infraetructura en salud, seguridad, educación, transporte y de manera casi paradójica, los sueldos y las jubilaciones de los agentes públicos. ¿ Se entiende?
No es un asunto gracioso, ni responde a los criterios de seguridad y justicia social sobre los que fundamos el sistema los argentinos, pero es un dato irrefutable de la realidad, y debemos afrontar su debate con la altura y la madurez que alcancemos a tener, poniendo énfasis en la sinceridad y dejando de lado, los habituales discursos demagógicos y tribuneros que suelen formular los dirigentes sindicales, a la hora de afrontar estas situaciones.
¿ Hay privilegios? Hay que eliminarlos. ¿ Tenemos jubilados muy jóvenes? Pues, habrá que subir algunas edades. ¿ Aportan poco o lo que aportan no alcanza? Pues, habrá que discutir el porcentaje de los aportes. ¿ El estado gasta en asuntos vinculados a los trabajadores del Estado, más dinero del que debería, en asuntos que exclusivamente favorecen a un sector y no a todos? Pues, habrá que sentarse a peinar cuales son esos recursos, a quienes benefician y si tiene sentido seguir sosteniendo esos gastos.
No es justo, de ninguna justicia social, que un jubilado de la actividad privada, soporte el déficit de la Caja pública. Ni un empresario Pyme, ni un trabajador de las Pyme.
De lo que se trata, finalmente, es de entender cual es el cuadro de situación, a quienes alcanza y especialmente a quienes perjudicará, si no se producen cambios urgentes que eviten que el daño sea cada día más grave.
La decisión está tomada, y no es gratis. Los que no acompañen la idea de una reforma, deberán por lo menos, ofrecer una alternativa concreta a la solución de ese problema. No pueden venir con «el deber ser», porque sobre eso, se gestó esta crisis monumental. Se trata, justamente, de aceptar lo que somos, sin dogmas que lo falsifiquen, y especialmente lo que ya no somos.
Eso que dice «Cuesta Abajo», el dolor de ya no ser… un asunto que parece haber entendido el ciudadano medio argentino, mucho antes que gran parte de la dirigencia.
