Con la aprobación del FMI en la mira, el Gobierno apuesta todo a un nuevo salvavidas de USD 20.000 millones. Pero el viento de frente global no da tregua y el margen para errores es cada vez más chico.
Por Bautista Nañez
La tensión geopolítica volvió a sacudir los mercados internacionales tras una nueva escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A pesar de una aparente tregua matutina, impulsada por anuncios de posibles negociaciones, Wall Street profundizó su caída. La amenaza de Donald Trump de imponer un arancel adicional del 50% a productos chinos si Pekín no retrocede en su alza del 34% sobre bienes estadounidenses desató una nueva ola de aversión al riesgo. Los aranceles sobre productos chinos podrían totalizar un 104% a partir de hoy.
La Casa Blanca reafirmó su postura de no avanzar en un acuerdo comercial hasta resolver el déficit con China, endureciendo aún más su posición. Desde Pekín, respondieron que no cederán ante el “chantaje” estadounidense. “Lucharemos hasta el final”, advirtió el gobierno chino.
Aunque Argentina no está en el centro de esta guerra comercial, su economía ya sufre los efectos colaterales de la creciente volatilidad global. El aumento del riesgo país, que superó los 1.000 puntos básicos, puso en jaque la estrategia financiera del Gobierno y su plan de estabilización cambiaria basado en una devaluación mensual del 1% (crawling peg). “Lo internacional te acorta mucho los tiempos”, advirtió el analista Federico Camusso, aludiendo a la presión que ejercen los mercados sobre una economía frágil y con acceso restringido al crédito externo.
En este contexto, la caída en el precio de las commodities agrava los desafíos fiscales y externos. El desplome del petróleo pone en riesgo el desarrollo de Vaca Muerta, mientras que la baja de la soja recorta el ingreso de divisas del agro y neutraliza el impacto fiscal de la reducción de retenciones. La presión sobre el tipo de cambio y las reservas complica el objetivo de mantener la desinflación, lo que podría obligar al Gobierno a endurecer controles y restricciones.
Frente a ese escenario, el Gobierno logró alcanzar un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de USD 20.000 millones a 48 meses. El primer desembolso —estimado en al menos USD 8.000 millones— podría aprobarse este mismo viernes por el directorio del organismo. Ese oxígeno financiero permitiría reforzar las reservas del Banco Central, descomprimir el frente cambiario y avanzar hacia un nuevo esquema de flotación administrada, en reemplazo del actual crawling peg.
“El gobierno quisiera tener más reservas para hacer una flotación administrada, que en algún momento permita vender dólares si el tipo de cambio sube demasiado”, explicó el economista Ricardo Vasconcelos. Según su lectura, la crisis internacional está resolviendo “de facto” el debate interno sobre el régimen cambiario: “Este mundo no es para un peso atado al dólar al 1% mensual. Una devaluación moderada, con intervención selectiva, podría ser parte de la solución”.
Desde el FMI, el comunicado oficial celebró el “impresionante progreso inicial” de las autoridades argentinas en estabilizar la economía, destacando un “sólido ancla fiscal” y “una rápida desinflación” como pilares del nuevo programa.
En paralelo, el Ejecutivo explora otras vías de financiamiento, como un nuevo REPO con bancos internacionales y la posible refinanciación del tramo en vencimiento del swap de monedas con China, que comenzará a caducar en junio.
Pese al respaldo del FMI, la sostenibilidad del nuevo programa dependerá tanto del flujo efectivo de divisas como de la capacidad del Gobierno para implementar un régimen cambiario más flexible, capaz de absorber los shocks internacionales sin disparar nuevas crisis de confianza. Con un nivel de reservas aún frágil, el BCRA enfrenta el desafío de evitar nuevas pérdidas de divisas y sostener un proceso de desinflación cada vez más tensionado por el contexto externo.
