Así lo afirmó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza. Desde febrero, se incautaron 1.200 toneladas de material en controles.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, intensificó desde principios de 2024 el control sobre chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos, con el objetivo principal de prevenir la sustracción de automotores, autopartes y elementos no ferrosos.
Para dar a conocer más detalles de los procedimientos, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, acompañado del director de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, brindó este lunes una conferencia de prensa en el Auditorio de Casa de Gobierno.
“Cuando asumimos el Gobierno, el 10 de diciembre, uno de los principales temas que nos ocupaba y preocupaba, al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Fabián Bastia era el robo hormiga de cables; de medidores de gas, luz, agua; los coditos de los aires acondicionados; y fundamentalmente el alumbrado público; un tema recurrente que estaba pasando y que nos estaban robando en cada departamento de la provincia y fue una de las primeras medidas que pidió el gobernador”, expuso Figueroa Escauriza.
El secretario de Gestión de Registros Provinciales amplió: “El registro de desarmaderos solamente tenía dos inscriptos y no había ningún registro en la provincia con respecto a la comercialización de estos negocios. Y obviamente, que si se controla a quien compra lo robado, y vamos a este segundo eslabón, disminuye quién roba porque si no hay comercio donde poder comprar o vender, lo robado empieza a disminuir”, aseguró.
En toda la provincia
En estos meses se realizaron 49 inspecciones en la provincia, 19 en la ciudad de Rosario y también se trabajó en otras 17 localidades. En todos los casos, el resultado de cada operativo derivó en la clausura de cada desarmadero y chatarrería inspeccionada. Además, se secuestraron $ 32 millones y u$s 10 mil; se incautaron 700 placas de cementerios y 1.200 toneladas de materiales ferrosos y no ferrosos. El total de los elementos compactados en ese período asciende a 700 toneladas. “Lo que buscamos es que el comercio que compra y vende sepa que tiene que tener la trazabilidad para no comprar lo robado”, subrayó Figueroa Escauriza.
Por su parte, Gerardo Rodríguez aclaró que “no solamente hemos encontrado lo que es metales ferrosos y no ferrosos, sino también ataúdes, placas de cementerio, bocas de tormenta; es muy abarcativo el abanico que tenemos de metales y de objetos que se van encontrando”.
En este sentido, Figueroa Escauriza puntualizó que “el 82 % de lo incautado es cable de la vía pública”, y que “está muy vinculado el robo del cable de metales con el narcomenudeo porque hemos tenido casos, y que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Seguridad, que el mismo comercio que te compra el cable pagaba con droga en el búnker que tenía a la vuelta y que era del mismo dueño de esa chatarrería”.
